La controversial ley fue aprobada con 78 votos y opiniones divididas en la sociedad hondureña.
Tegucigalpa, Honduras. — El Congreso Nacional aprobó la noche del lunes la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, denominada “Ley de Justicia Energética”, luego de un acuerdo entre las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal que permitió avanzar con una iniciativa que permanecía estancada.
El dictamen obtuvo 78 votos a favor, de los cuales 49 correspondieron a diputados del Partido Nacional y 29 al Partido Liberal. La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra.
La reforma plantea una transformación profunda de la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como nuevas reglas para la compra de energía, medidas de alivio para determinados usuarios y mecanismos para reducir las pérdidas que afectan las finanzas de la estatal.
ENEE continuará siendo pública
Uno de los aspectos destacados por los impulsores de la reforma es que la ENEE conservará su carácter público y que su patrimonio estará protegido por la Constitución y las leyes.
El jefe de la bancada Liberal, Jorge Cálix, aseguró que la reforma no contempla la venta ni la privatización de la estatal.
Además, el decreto incorpora un mecanismo que elevaría a 96 votos el requisito para una eventual transferencia de acciones de la ENEE al sector privado.
Con 128 diputados en el Congreso Nacional, esta disposición representa un requisito de mayoría calificada que dificultaría una eventual privatización.
La ENEE se dividirá en tres subsidiarias
Uno de los principales cambios será la reorganización de la ENEE en tres subsidiarias:
- ENEE Generación: responsable de la producción de energía eléctrica.
- ENEE Transmisión: encargada del transporte de electricidad a través de la red de alta tensión.
- ENEE Distribución: responsable de llevar el servicio eléctrico hasta los usuarios.
Aunque tendrán funciones diferenciadas y estructuras empresariales separadas, las subsidiarias permanecerán bajo control estatal.
La reforma también establece que los activos estratégicos continuarán siendo propiedad del Estado. Entre ellos figuran represas, centrales de generación, redes de transmisión, subestaciones y terrenos vinculados al sistema eléctrico.
Estos bienes podrán ser administrados u operados mediante contratos, sin que ello implique necesariamente la transferencia de su propiedad.
Licitaciones obligatorias para comprar energía
Otro de los cambios centrales está relacionado con la contratación de energía.
La reforma establece que las empresas distribuidoras deberán realizar licitaciones públicas internacionales para adquirir el suministro eléctrico.
El diputado liberal Alberto Cruz afirmó que las licitaciones serán obligatorias y que los contratos deberán ser de largo plazo, con períodos que podrían alcanzar entre 10 y 20 años.
El nuevo esquema también contempla la subasta inversa, mediante la cual los proveedores competirán con sus ofertas económicas para obtener los contratos.
La intención es generar mayor competencia entre los oferentes y permitir que la estatal pueda contratar energía en condiciones más favorables.
Sin embargo, la aplicación de este modelo dependerá de la transparencia de los procesos, el número de participantes y las condiciones de los contratos que finalmente sean adjudicados.
Congelamiento temporal de la tarifa
La reforma contempla una medida de impacto directo para los consumidores: el congelamiento de la tarifa eléctrica durante seis meses.
Durante ese período, el valor aplicado en el último recibo emitido al usuario no podrá incrementarse.
La medida podría extenderse por otros seis meses mediante una decisión del Congreso Nacional.
No obstante, el congelamiento de la tarifa no significa que desaparezcan los costos de generación, transmisión y distribución. La sostenibilidad de la medida dependerá de la capacidad del nuevo modelo para reducir costos y mejorar las finanzas de la ENEE.
Condonación de deudas para determinados hogares
La denominada Ley de Justicia Energética también contempla la condonación del 100 % de las deudas por consumo de energía, recargos e intereses para usuarios residenciales de escasos recursos cuyo consumo promedio sea igual o inferior a 250 kilovatios hora mensuales.
El beneficio estará sujeto a una inspección técnica que deberá determinar si el usuario cumple con las condiciones establecidas.
La disposición busca aliviar la situación de hogares con menores niveles de consumo, aunque su aplicación estará condicionada a los procedimientos que establezca la normativa.
Beneficio para municipalidades
El decreto también contempla la condonación de los saldos pendientes de las municipalidades clasificadas en las categorías C y D.
Como mecanismo para evitar que vuelvan a acumular mora, las futuras facturas de electricidad serían cobradas automáticamente mediante las transferencias estatales que reciben las corporaciones municipales.
Reducción de pérdidas, uno de los grandes retos
La reforma también busca enfrentar uno de los principales problemas financieros de la ENEE: las pérdidas de energía.
Estas incluyen tanto las pérdidas técnicas provocadas por deficiencias en la infraestructura como las pérdidas no técnicas asociadas con energía consumida que no es registrada o cobrada adecuadamente.
El decreto permite intervenir y reestructurar el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, con el objetivo de fortalecer las acciones contra el fraude, las conexiones ilegales y otras formas de consumo no contabilizado.
Desde la bancada de Libre, el jefe de bancada Ronald Panchamé sostuvo que una solución al problema financiero de la ENEE debe incluir el cobro de las grandes deudas acumuladas y el combate al hurto de energía.
También planteó ampliar la instalación de contadores para mejorar la medición del consumo.
Nuevo operador del mercado eléctrico
La reforma fortalece además las funciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y crea el Operador del Sistema y del Mercado (OSM).
El nuevo organismo tendrá responsabilidades relacionadas con la operación de la red eléctrica y el despacho de energía, procurando que este se realice bajo criterios de eficiencia y al menor costo económico posible.
La CREE tendrá un papel de supervisión sobre el funcionamiento del mercado y los procesos relacionados con las nuevas reglas de contratación.
¿Qué pasará con los trabajadores de la ENEE?
El decreto establece garantías para los trabajadores de la estatal.
Los empleados conservarán sus derechos adquiridos y continuará vigente el contrato colectivo suscrito con el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE).
Los trabajadores que sean trasladados a ENEE Generación, ENEE Transmisión o ENEE Distribución deberán mantener sus beneficios y condiciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la reforma.
Exoneración de ISR para promover inversión
Otro componente de la reforma es una exoneración transitoria del Impuesto Sobre la Renta durante 10 años para ENEE Generación, ENEE Transmisión y ENEE Distribución.
La condición establecida es que las ganancias obtenidas durante ese período sean retenidas y destinadas a la reinversión en infraestructura eléctrica.
El objetivo es que una mayor cantidad de recursos permanezca dentro del sistema para fortalecer la generación, transmisión y distribución.
Una reforma cuyo resultado dependerá de su implementación
La aprobación de la Ley de Justicia Energética marca un cambio importante en el modelo eléctrico hondureño.
La ENEE continuará siendo una empresa pública y sus activos estratégicos permanecerán bajo propiedad estatal, mientras que su estructura será reorganizada en tres subsidiarias.
Al mismo tiempo, el sistema de contratación de energía pasará a depender de procesos de licitación pública internacional y subastas inversas, mientras que el nuevo Operador del Sistema y del Mercado asumirá funciones relevantes en la operación del sistema eléctrico.
Para los usuarios, las medidas más inmediatas serán el congelamiento temporal de la tarifa y los mecanismos de condonación establecidos para determinados consumidores.
Sin embargo, el verdadero impacto de la reforma se conocerá durante su implementación.
La capacidad de reducir las pérdidas, mejorar la recaudación, conseguir mejores contratos de suministro, atraer inversión en infraestructura y garantizar procesos transparentes será determinante para establecer si la nueva legislación logra mejorar las finanzas de la ENEE y ofrecer un sistema eléctrico más eficiente y sostenible para Honduras.
InfodiarioHN